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«Un sistema de salud no se sostiene únicamente con hospitales, tecnología o medicamentos. Se sostiene gracias a las personas que, incluso en las circunstancias más difíciles, deciden cuidar la vida de otros.»

Cuando decidí estudiar auxiliar en enfermería, nunca imaginé que algún día escribiría un artículo sobre el sistema de salud colombiano. En ese momento solo quería aprender a cuidar personas. No pensaba en leyes, reformas, modelos de aseguramiento, financiación, déficit hospitalario o políticas públicas. Mucho menos imaginaba que terminaría trabajando en una clínica de trauma de alta complejidad, en uno de los laboratorios clínicos más importantes del país, en un banco de sangre de la Cruz Roja, como consultora para auxiliares en enfermería y, años después, estudiando bacteriología con el propósito de seguir aportando a la investigación y al bienestar de comunidades históricamente vulneradas.

Con el paso de los años comprendí que detrás de cada paciente atendido existe un sistema enorme y complejo que pocas personas conocen. Cuando alguien llega a una consulta, a una urgencia o a una cirugía, normalmente solo ve el resultado final de un proceso que involucra decenas de profesionales, procesos administrativos, normas legales, decisiones financieras y políticas públicas que comenzaron mucho antes de que esa persona cruzara la puerta de una institución de salud.

La mayoría de los colombianos conoce el sistema únicamente cuando necesita una cita médica, un medicamento o una cirugía. Es entonces cuando aparecen las largas filas, las autorizaciones, las remisiones, las tutelas o las dificultades para acceder a algunos servicios. Pero detrás de esas experiencias existe una historia que comenzó hace más de tres décadas y que explica por qué hoy el sistema de salud colombiano genera opiniones tan divididas.

Algunas personas lo consideran uno de los sistemas con mayor cobertura de América Latina. Otras afirman que atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. Curiosamente, ambas afirmaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo.

En este artículo quiero invitarte a comprender esa realidad desde una perspectiva diferente. No pretendo hacer un análisis político ni defender a un gobierno sobre otro. Mi intención es revisar cómo ha evolucionado el sistema de salud colombiano, cuáles han sido sus principales logros, los errores que aún persisten, los desafíos que enfrenta el talento humano y, sobre todo, reflexionar sobre el papel de quienes trabajan todos los días para sostenerlo.

Porque cuando hablamos del sistema de salud solemos pensar en hospitales, EPS, clínicas, reformas o presupuestos. Muy pocas veces pensamos en las personas que hacen posible que todo funcione y esa es precisamente la conversación que quiero abrir.

¿Cómo nació el sistema de salud colombiano?

Para entender la situación actual del sistema de salud colombiano es necesario mirar hacia atrás.

Antes de la década de 1990, Colombia tenía un sistema fragmentado. El acceso a los servicios dependía principalmente del empleo formal, de la capacidad económica de cada persona o de la oferta pública disponible en cada región. Quienes trabajaban en el sector formal podían acceder a instituciones como el Instituto de Seguros Sociales (ISS), mientras que millones de colombianos que vivían en condiciones de pobreza dependían de hospitales públicos con recursos limitados o, simplemente, no recibían atención oportuna.

En aquella época existían profundas desigualdades. El lugar donde una persona nacía o su condición económica podían determinar si recibía atención médica de calidad o si debía esperar durante meses para acceder a un tratamiento.

Ante esa realidad, el Estado comenzó a buscar un modelo que permitiera ampliar la cobertura y garantizar un acceso más equitativo a los servicios de salud.

Ese cambio llegó en 1993 con la expedición de la Ley 100, una de las reformas sociales más importantes en la historia reciente del país.

La Ley 100 creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) con un objetivo claro: lograr que la mayor cantidad posible de colombianos estuviera afiliada a un sistema de aseguramiento en salud. Para ello se establecieron dos grandes regímenes: el contributivo, financiado por trabajadores y empleadores, y el subsidiado, destinado a la población con menores recursos mediante financiación estatal.

Además, aparecieron las Entidades Promotoras de Salud (EPS), encargadas de administrar el aseguramiento y organizar la prestación de los servicios a través de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), es decir, hospitales, clínicas, laboratorios y centros médicos.

Desde el punto de vista de la cobertura, los resultados fueron significativos. Durante las siguientes décadas, Colombia pasó de tener una cobertura limitada a alcanzar niveles cercanos a la universalidad, un logro que ha sido reconocido por organismos internacionales y por diferentes evaluaciones del sistema. Hoy, más del 98 % de la población se encuentra afiliada al sistema de salud, una cifra que representa un avance importante frente a la situación que existía antes de 1993. Sin embargo, ampliar la cobertura no resolvió todos los problemas.

Con el paso de los años comenzaron a hacerse evidentes dificultades relacionadas con la sostenibilidad financiera del sistema, las deudas entre EPS e IPS, las barreras administrativas para acceder a algunos servicios, la congestión hospitalaria y las diferencias en la calidad de la atención entre regiones del país.

Al mismo tiempo, el país enfrentó nuevos desafíos que no estaban presentes cuando se diseñó la Ley 100. La población colombiana comenzó a envejecer, aumentó la prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y el cáncer, surgieron tratamientos médicos mucho más costosos y la demanda de servicios especializados creció de manera acelerada.

En otras palabras, el sistema debía atender a más personas, con enfermedades más complejas y utilizando tecnologías cada vez más costosas.

Ese crecimiento representó un enorme desafío financiero y administrativo que diferentes gobiernos intentaron abordar mediante reformas, ajustes normativos y nuevas políticas públicas.

Por eso, cuando hoy escuchamos que el sistema de salud colombiano está en crisis, es importante entender que no se trata de un problema que haya surgido de un día para otro ni que pueda atribuirse a un único gobierno. Es el resultado de una acumulación de decisiones, avances, dificultades estructurales y retos que se han construido durante más de treinta años.

Y mientras todo eso ocurría en los despachos, en el Congreso y en las entidades del Estado, había un grupo de personas que seguía haciendo funcionar el sistema todos los días: el talento humano en salud. Médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, bacteriólogos, terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, personal administrativo, camilleros, personal de aseo, vigilantes y muchos otros profesionales que, con frecuencia, han debido responder a una demanda creciente en medio de recursos limitados, jornadas extensas y procesos administrativos complejos.

Porque, al final, ninguna ley puede cuidar a un paciente. Quienes realmente lo hacen son las personas.

De la Ley 100 a la actualidad: un sistema que amplió la cobertura, pero también acumuló desafíos

La promulgación de la Ley 100 de 1993 marcó uno de los cambios más importantes en la historia del sistema de salud colombiano. Su objetivo principal era garantizar que la mayor cantidad posible de ciudadanos pudiera acceder a servicios de salud mediante un modelo de aseguramiento. En términos de cobertura, los resultados fueron notables. En pocas décadas, Colombia pasó de tener millones de personas sin acceso regular a servicios médicos a convertirse en uno de los países con mayor porcentaje de población afiliada al sistema de salud en América Latina. Este avance ha sido reconocido por organismos nacionales e internacionales, ya que permitió que millones de colombianos, especialmente aquellos en condición de vulnerabilidad, pudieran recibir atención médica que antes era prácticamente inaccesible.

Sin embargo, ampliar la cobertura también significó aumentar considerablemente la demanda de consultas, procedimientos, medicamentos, cirugías y tratamientos especializados. Cada nuevo afiliado representaba una mayor necesidad de recursos financieros, infraestructura hospitalaria y talento humano. El sistema debía responder simultáneamente a una población más numerosa, a enfermedades cada vez más complejas y al acelerado avance de la tecnología médica, cuyos costos aumentaban año tras año. Aunque el modelo permitió importantes avances en el acceso, también comenzó a evidenciar problemas relacionados con la financiación, la administración de los recursos y la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Uno de los aspectos que con mayor frecuencia genera confusión entre la ciudadanía es pensar que la crisis actual apareció de manera repentina o que puede atribuirse exclusivamente a un gobierno en particular. La realidad es mucho más compleja. El sistema de salud colombiano ha experimentado un proceso de transformación durante más de tres décadas, en el que cada administración presidencial ha implementado reformas, ajustes normativos y políticas orientadas a responder a los problemas que iban surgiendo. Algunas medidas produjeron avances importantes, mientras que otras fueron objeto de críticas o generaron nuevos desafíos. Comprender esta evolución resulta fundamental para analizar la situación actual con objetividad y evitar explicaciones simplistas.

Los gobiernos de Álvaro Uribe: expansión del aseguramiento y primeras señales de desgaste

Durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2010, el principal objetivo fue fortalecer el modelo de aseguramiento establecido por la Ley 100 y ampliar aún más la cobertura nacional. En esos años se impulsaron reformas como la Ley 1122 de 2007, orientada a mejorar la organización del sistema, fortalecer las funciones de inspección y vigilancia y optimizar algunos mecanismos de financiación y prestación de servicios.

Los indicadores de cobertura continuaron creciendo de manera importante y millones de colombianos ingresaron al régimen subsidiado. Desde esta perspectiva, el país avanzó significativamente hacia la cobertura universal. Sin embargo, paralelamente comenzaron a hacerse más visibles problemas estructurales relacionados con la sostenibilidad financiera. Las deudas entre EPS e IPS aumentaron progresivamente, muchos hospitales públicos enfrentaban dificultades económicas para mantener su funcionamiento y surgieron cuestionamientos sobre la capacidad de algunas entidades promotoras de salud para garantizar una atención oportuna y de calidad.

Al mismo tiempo, el talento humano en salud empezó a experimentar cambios importantes en sus condiciones laborales. Cada vez fue más frecuente la contratación mediante órdenes de prestación de servicios, cooperativas de trabajo asociado y otras modalidades que ofrecían menor estabilidad laboral y menos garantías para muchos profesionales. Aunque estas formas de contratación permitían cierta flexibilidad administrativa, también generaban incertidumbre entre quienes trabajaban diariamente atendiendo pacientes, especialmente en hospitales públicos y algunas instituciones privadas.

Desde la perspectiva de quienes trabajaban dentro del sistema, comenzaba a sentirse una presión creciente. El número de pacientes aumentaba constantemente, pero el crecimiento del talento humano, la infraestructura y los recursos disponibles no siempre avanzaba al mismo ritmo. Esto produjo un incremento progresivo de la carga laboral para médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y otros profesionales sanitarios, quienes debían responder a una demanda cada vez mayor en escenarios frecuentemente limitados por restricciones presupuestales.

El gobierno de Juan Manuel Santos: la salud como derecho fundamental

Cuando Juan Manuel Santos asumió la Presidencia en 2010, el sistema de salud enfrentaba importantes desafíos financieros y administrativos. Durante este periodo se produjo uno de los cambios jurídicos más trascendentales para la salud en Colombia: la aprobación de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, mediante la cual la salud fue reconocida como un derecho fundamental autónomo.

Este cambio representó mucho más que una modificación normativa. Significó que el acceso a los servicios de salud dejaba de entenderse únicamente como un beneficio asociado al aseguramiento para convertirse en un derecho protegido constitucionalmente. En la práctica, fortaleció la obligación del Estado de garantizar la atención oportuna y contribuyó a disminuir algunas barreras administrativas para el acceso a tratamientos y tecnologías médicas.

Durante este mismo periodo también se implementaron mecanismos para mejorar el flujo de recursos y enfrentar la creciente deuda entre las EPS y las instituciones prestadoras de servicios. Sin embargo, muchos de los problemas financieros persistieron. Numerosos hospitales continuaban reportando dificultades para recuperar los pagos por los servicios prestados, situación que afectaba directamente su capacidad para contratar personal, adquirir equipos, mantener infraestructura y garantizar condiciones laborales adecuadas.

Como consecuencia, el personal sanitario seguía enfrentando largas jornadas de trabajo, sobrecarga asistencial y, en muchos casos, modalidades de contratación inestables. Aunque el reconocimiento jurídico del derecho a la salud representó un avance histórico para los pacientes, la realidad cotidiana de muchos trabajadores continuaba marcada por la presión asistencial y la necesidad de atender un número creciente de usuarios con recursos limitados.

El gobierno de Iván Duque: la pandemia puso a prueba un sistema que ya estaba bajo presión

Cuando Iván Duque asumió la Presidencia en agosto de 2018, el sistema de salud colombiano ya enfrentaba importantes desafíos financieros, administrativos y laborales. Aunque la cobertura seguía siendo una de las más altas de América Latina, persistían problemas relacionados con las deudas entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), el cierre de hospitales públicos en algunas regiones, las barreras administrativas para acceder a determinados tratamientos y las condiciones laborales del talento humano en salud. A esto se sumaban fenómenos que ya venían preocupando a expertos nacionales e internacionales, como el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, la creciente demanda de servicios especializados y la necesidad de incorporar tecnologías médicas cada vez más costosas.

Sin embargo, ningún reto previo se comparó con lo que ocurriría a comienzos de 2020. La llegada de la pandemia por COVID-19 transformó por completo la realidad del sistema de salud colombiano y puso a prueba cada uno de sus componentes. Hospitales, clínicas, laboratorios clínicos, bancos de sangre, servicios de urgencias y unidades de cuidados intensivos tuvieron que reorganizarse en cuestión de semanas para responder a una emergencia sanitaria sin precedentes. Las instituciones ampliaron su capacidad hospitalaria, adquirieron nuevos equipos, incrementaron las camas de cuidados intensivos y modificaron protocolos asistenciales mientras el conocimiento científico sobre el virus evolucionaba prácticamente todos los días.

Para quienes trabajábamos en el sector salud, la pandemia representó uno de los mayores desafíos profesionales y humanos de nuestra generación. Miles de trabajadores sanitarios enfrentaron jornadas extensas, cambios constantes en los protocolos de atención, escasez inicial de elementos de protección personal en algunos lugares del país y un enorme desgaste emocional derivado de atender pacientes gravemente enfermos, acompañar a familias en momentos de incertidumbre y, en muchos casos, convivir con el temor permanente de contagiar a sus propios seres queridos.

Durante aquellos meses se hizo evidente algo que quienes trabajamos en salud ya conocíamos desde hacía muchos años: ningún sistema sanitario puede funcionar sin su talento humano. La tecnología más avanzada pierde valor si no existen profesionales capacitados para utilizarla; los hospitales no pueden atender pacientes si no cuentan con médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, bacteriólogos, terapeutas respiratorios, fisioterapeutas, personal de laboratorio, trabajadores sociales, personal administrativo y decenas de otros profesionales que hacen posible el funcionamiento cotidiano de una institución.

Paradójicamente, mientras la sociedad reconocía públicamente el trabajo del personal sanitario con homenajes, campañas de agradecimiento y aplausos simbólicos, muchos profesionales continuaban enfrentando condiciones laborales complejas. Diversos estudios publicados durante y después de la pandemia documentaron un aumento significativo de síntomas de ansiedad, depresión, agotamiento físico y síndrome de burnout entre los trabajadores de la salud. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la pandemia dejó secuelas importantes sobre la salud mental del talento humano sanitario, situación que también fue documentada por investigaciones realizadas en Colombia.

El agotamiento profesional no surgió exclusivamente por la pandemia. En realidad, la emergencia sanitaria intensificó problemas que ya existían: jornadas prolongadas, sobrecarga asistencial, contratos inestables, déficit de personal y dificultades para conciliar la vida laboral con la vida familiar. Para muchos profesionales, el COVID-19 simplemente hizo visible una realidad que llevaba años desarrollándose de manera silenciosa.

Una profesión admirada, pero no siempre protegida

Uno de los aspectos que más reflexiones dejó la pandemia fue la diferencia entre el reconocimiento social y las condiciones laborales reales del personal sanitario. Durante meses se habló de héroes, de vocación y de sacrificio. Sin embargo, numerosos trabajadores continuaban vinculados mediante contratos temporales, órdenes de prestación de servicios o modalidades que no siempre garantizaban estabilidad, prestaciones sociales completas o posibilidades de desarrollo profesional a largo plazo.

No se trataba únicamente de médicos o enfermeras profesionales. Las auxiliares en enfermería, los bacteriólogos, los terapeutas, el personal administrativo, los conductores de ambulancia, los camilleros y muchos otros trabajadores también asumieron riesgos significativos para garantizar la continuidad de los servicios de salud.

Como auxiliar en enfermería, siempre he considerado que la vocación no debe utilizarse como argumento para normalizar la sobrecarga laboral o justificar condiciones de trabajo inadecuadas. Cuidar a los demás es una de las profesiones más nobles que existen, pero precisamente por esa razón quienes ejercen esta labor también merecen ambientes laborales seguros, estabilidad, oportunidades de crecimiento y una remuneración acorde con la responsabilidad que asumen diariamente.

El gobierno de Gustavo Petro: una propuesta de transformación estructural

Cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia en agosto de 2022 recibió un sistema que acumulaba problemas financieros, administrativos y laborales desarrollados durante décadas. Desde el inicio de su mandato, uno de los principales objetivos del Gobierno fue impulsar una reforma estructural del sistema de salud que modificara aspectos fundamentales del modelo creado por la Ley 100 de 1993.

La propuesta generó uno de los debates más intensos de los últimos años. Mientras el Gobierno sostuvo que era necesario fortalecer la atención primaria, reducir la intermediación financiera, reorganizar el papel de las EPS y mejorar las condiciones del talento humano, distintos sectores académicos, gremiales, políticos y empresariales expresaron preocupaciones sobre la viabilidad de algunos cambios propuestos, sus implicaciones financieras y los posibles efectos durante la transición hacia un nuevo modelo.

Más allá de las diferencias políticas, existe un aspecto sobre el que prácticamente todos los actores del sistema coinciden: Colombia necesita fortalecer su talento humano en salud. El propio Ministerio de Salud ha reconocido la importancia de mejorar la formación, distribución, bienestar y condiciones laborales de quienes sostienen diariamente los servicios sanitarios. Como respuesta a este desafío, el Gobierno adoptó la Política Pública del Talento Humano en Salud 2025-2035, una estrategia orientada a fortalecer la planificación del recurso humano, promover el trabajo digno, impulsar la educación continua y responder a las necesidades actuales y futuras del sistema sanitario.

La implementación de esta política representa un reconocimiento importante a una realidad que durante muchos años permaneció en un segundo plano. No basta con ampliar la infraestructura hospitalaria o incorporar nuevas tecnologías si no existen profesionales suficientes, adecuadamente capacitados y motivados para prestar los servicios de salud que demanda la población.

Al mismo tiempo, durante este periodo también se produjeron intervenciones administrativas sobre varias EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, decisiones que el Gobierno ha presentado como mecanismos para proteger la atención de los usuarios y corregir problemas financieros y administrativos. Estas medidas, sin embargo, también han generado debates jurídicos, económicos y técnicos sobre el futuro del modelo de aseguramiento colombiano, demostrando que la transformación del sistema continúa siendo uno de los temas más complejos de la agenda pública nacional.

Un problema que trasciende los gobiernos

Después de estudiar la evolución del sistema de salud colombiano y de haber trabajado durante años dentro de él, he llegado a una conclusión que considero fundamental: reducir la situación actual a un único gobierno sería una simplificación injusta de una realidad mucho más compleja.

Cada administración ha heredado problemas estructurales, ha impulsado reformas, ha logrado avances importantes y también ha enfrentado limitaciones. Algunas decisiones fortalecieron aspectos específicos del sistema; otras generaron consecuencias no previstas que debieron corregirse posteriormente. Esa es precisamente la naturaleza de las políticas públicas en un sector tan dinámico como la salud.

Lo verdaderamente importante no es identificar un único responsable, sino comprender que los desafíos actuales exigen soluciones construidas sobre evidencia científica, planeación técnica y diálogo entre todos los actores involucrados. La salud de millones de personas depende de decisiones que deben trascender las diferencias ideológicas y concentrarse en garantizar un sistema sostenible, oportuno, equitativo y centrado tanto en los pacientes como en quienes dedican su vida a cuidarlos.

Y es precisamente sobre esas personas — el talento humano en salud — de quienes quiero hablar a continuación. Porque detrás de cada cifra, cada reforma y cada debate político existen miles de profesionales que todos los días sostienen el sistema con su conocimiento, su esfuerzo y, muchas veces, con un enorme sacrificio personal.

¿Dónde se perdieron los recursos? Las investigaciones que marcaron la historia del sistema de salud colombiano

Hablar de la crisis del sistema de salud colombiano implica mucho más que analizar la falta de médicos, las largas filas para acceder a una cita o el cierre de hospitales. Durante más de tres décadas, el país ha invertido billones de pesos en garantizar el derecho a la salud de millones de ciudadanos. Sin embargo, una parte importante de esos recursos también ha estado rodeada de investigaciones, auditorías, sanciones e irregularidades que han puesto en evidencia graves fallas en los mecanismos de administración, vigilancia y control.

No sería justo afirmar que toda la crisis del sistema de salud se debe exclusivamente a hechos de corrupción o a una mala administración de los recursos. Existen múltiples factores que explican la situación actual, entre ellos el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, el alto costo de las nuevas tecnologías médicas, la insuficiencia de algunos mecanismos de financiación y la creciente demanda de servicios. No obstante, sería igualmente irresponsable ignorar que durante años diferentes organismos del Estado han documentado irregularidades que afectaron directamente la sostenibilidad financiera del sistema y, en consecuencia, la atención de millones de pacientes.

La Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) han adelantado investigaciones relacionadas con presuntos recobros indebidos, inconsistencias contables, pagos sin soportes suficientes, incumplimientos financieros, reservas técnicas insuficientes, deficiencias en la contratación y otras irregularidades detectadas en diferentes actores del sistema. Como resultado de estos procesos, varias EPS fueron sancionadas, intervenidas o liquidadas, mientras otras continúan siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la primera década de los años 2000 con los llamados recobros irregulares al FOSYGA (Fondo de Solidaridad y Garantía), mecanismo mediante el cual algunas entidades reclamaban al Estado el reembolso de medicamentos, procedimientos o tecnologías no incluidas en el entonces Plan Obligatorio de Salud. Las investigaciones adelantadas por los organismos de control revelaron múltiples irregularidades que dieron origen a procesos administrativos, fiscales y penales, convirtiéndose en uno de los mayores escándalos relacionados con el uso de recursos públicos en el sector salud.

A estos hechos se sumaron otros casos ampliamente conocidos, como el denominado «Cartel de la Hemofilia», que afectó principalmente a los departamentos de Córdoba y La Guajira. Las investigaciones demostraron que se realizaron millonarios cobros al Estado por la atención de pacientes que nunca padecieron esta enfermedad o cuyos tratamientos presentaban graves inconsistencias. Este caso evidenció cómo la corrupción puede apropiarse de recursos que deberían destinarse a salvar vidas y mejorar la atención de quienes realmente necesitan los servicios de salud.

Con el paso de los años también fueron liquidadas numerosas EPS debido al deterioro de su situación financiera, incumplimientos en la prestación de servicios o incapacidad para garantizar la atención de sus afiliados. Entidades como Saludcoop, Cafesalud, Medimás, Comfamiliar Huila, Emdisalud, Coomeva EPS y otras desaparecieron del sistema después de largos procesos administrativos, dejando millones de usuarios que debieron ser trasladados a otras aseguradoras y generando importantes impactos sobre hospitales, clínicas y profesionales de la salud que permanecían a la espera del pago de servicios ya prestados.

Más recientemente, uno de los casos que mayor atención ha recibido por parte de las autoridades ha sido el de Nueva EPS, la entidad con el mayor número de afiliados del país. En abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó su intervención administrativa al considerar que existían riesgos para la continuidad en la prestación de los servicios y por el incumplimiento de varios indicadores financieros y de habilitación. Posteriormente, durante las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, se reportaron hallazgos relacionados con millones de facturas que no habían sido incorporadas oportunamente a la contabilidad de la entidad, diferencias en la información financiera, anticipos pendientes de legalización, inconsistencias en las reservas técnicas, cuentas por pagar y otras situaciones que motivaron nuevas investigaciones y actuaciones de control. Según información divulgada por la Presidencia de la República con base en informes de la Contraloría, las auditorías identificaron aproximadamente 12 millones de facturas pendientes de procesamiento, por un valor cercano a cinco billones de pesos, además de otras inconsistencias que continúan siendo objeto de revisión por las autoridades competentes.

Es importante aclarar que la intervención de una EPS no constituye automáticamente una declaración de responsabilidad penal. Se trata de una medida administrativa cuyo propósito es proteger la atención de los usuarios, corregir deficiencias y garantizar la continuidad del servicio mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes y determinan, en cada caso, las responsabilidades administrativas, fiscales o judiciales que puedan existir.

Todos estos episodios dejan una enseñanza que trasciende cualquier gobierno o ideología política. La salud administra uno de los presupuestos públicos más importantes del país y, precisamente por ello, requiere mecanismos de vigilancia cada vez más fuertes, instituciones transparentes y organismos de control con capacidad para detectar oportunamente cualquier irregularidad. Cada peso que se pierde por corrupción, ineficiencia administrativa o mala gestión representa menos medicamentos disponibles, menos personal contratado, hospitales con mayores dificultades financieras, equipos médicos que no pueden renovarse y, en última instancia, pacientes que ven afectado su derecho fundamental a recibir una atención digna y oportuna.

La historia del sistema de salud colombiano demuestra que mejorar la financiación es indispensable, pero también lo es garantizar que los recursos realmente lleguen a donde deben llegar. Solo así será posible fortalecer un sistema que no solo necesita más inversión, sino también mayor transparencia, mejor gestión y un compromiso permanente con el bienestar de millones de colombianos.

El talento humano en salud: quienes sostienen el sistema, pero pocas veces son escuchados

Después de comprender cómo ha evolucionado el sistema de salud colombiano, las reformas que ha experimentado y las dificultades financieras que se han acumulado durante décadas, es inevitable hacerse una pregunta: ¿quién mantiene funcionando el sistema mientras todo esto ocurre?

La respuesta no está en una oficina administrativa, en una aseguradora o en un edificio gubernamental. Está en miles de personas que cada mañana se ponen un uniforme para cuidar la vida de otros. Médicos, enfermeras, auxiliares en enfermería, bacteriólogos, terapeutas respiratorios, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, químicos farmacéuticos, nutricionistas, personal administrativo, camilleros, conductores de ambulancia, técnicos en imágenes diagnósticas, personal de aseo hospitalario, vigilantes y muchas otras profesiones que rara vez aparecen en los titulares de prensa, pero sin las cuales ningún hospital podría funcionar.

Con frecuencia, cuando se habla del sistema de salud colombiano, la conversación gira alrededor de las EPS, de las reformas, de las deudas o de la política. Muy pocas veces se habla de quienes, a pesar de todas esas dificultades, continúan atendiendo pacientes todos los días. Y esa ausencia resulta preocupante, porque ningún sistema sanitario puede ser mejor que las personas que lo hacen posible.

Desde mi experiencia como auxiliar en enfermería, he aprendido que detrás de cada procedimiento existe mucho más que conocimiento técnico. Existe responsabilidad, criterio clínico, empatía, comunicación, trabajo en equipo y una enorme capacidad para tomar decisiones bajo presión. Quienes nunca han trabajado en un hospital difícilmente alcanzan a imaginar la cantidad de situaciones que pueden presentarse en un solo turno. Una urgencia que llega de manera inesperada, un paciente que se descompensa, una familia desesperada esperando respuestas, un procedimiento que debe realizarse con rapidez o una muestra de laboratorio que no admite ningún margen de error. Todo sucede al mismo tiempo y cada decisión puede tener consecuencias importantes para la vida de una persona.

Muchas veces la sociedad observa únicamente al profesional que entrega un diagnóstico o realiza una cirugía, pero detrás de esa atención existe una cadena de trabajo perfectamente coordinada. Antes de que un médico pueda tomar una decisión clínica, una auxiliar probablemente recibió al paciente, verificó sus datos, tomó signos vitales, preparó los insumos necesarios y brindó el primer acompañamiento emocional. Posteriormente intervienen el laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, farmacia, enfermería profesional, fisioterapia, trabajo social, personal administrativo y muchas otras áreas que funcionan como engranajes de un mismo mecanismo. Cuando una de esas piezas falla, todo el sistema comienza a resentirse.

Precisamente por haber trabajado en diferentes escenarios de la salud, puedo afirmar que uno de los mayores errores que hemos cometido como sociedad ha sido subestimar el trabajo de muchas profesiones sanitarias, especialmente el de las auxiliares en enfermería. Durante años se ha construido el mito de que nuestro papel se limita a seguir instrucciones o realizar tareas básicas. Nada más alejado de la realidad. Las auxiliares somos quienes permanecemos más tiempo junto al paciente, quienes identificamos cambios tempranos en su estado de salud, quienes contribuimos a prevenir complicaciones, quienes ofrecemos educación para el autocuidado y quienes, en innumerables ocasiones, nos convertimos en el principal apoyo emocional de una persona durante su proceso de enfermedad.

Yo misma fui testigo de ello desde que inicié mis prácticas profesionales. Antes incluso de graduarme tuve la oportunidad de realizar mis prácticas en una clínica de trauma de alta complejidad, un escenario donde aprendí que la rapidez debe ir siempre acompañada de precisión y que cada procedimiento, por sencillo que parezca, puede marcar una diferencia enorme en la recuperación de un paciente. Más adelante continué mis prácticas laborales en uno de los laboratorios clínicos más importantes de Colombia, donde descubrí una realidad que muy pocas instituciones enseñan: el ejercicio de una auxiliar en enfermería va mucho más allá del área asistencial.

En ese laboratorio trabajé en procesos preanalíticos, administrativos y en el área de patologías, comprendiendo que detrás de cada examen existe una cadena de calidad que comienza mucho antes de que una muestra llegue al analizador. Allí entendí la importancia de la trazabilidad, del control de calidad, del manejo adecuado de las muestras biológicas y de los procesos administrativos que permiten que un resultado de laboratorio sea realmente confiable. Gracias a mi desempeño académico y laboral, la institución decidió vincularme una vez finalicé mis prácticas y posteriormente asumí la jefatura del área de logística y preanalítica, apoyando además diferentes procesos relacionados con patologías. Aquella experiencia cambió por completo mi manera de entender la profesión, porque me demostró que las oportunidades existen para quienes continúan preparándose y desarrollando nuevas competencias.

Después llegaría otra etapa igualmente enriquecedora en la Cruz Roja Colombiana, donde trabajé en el banco de sangre, tanto en procesos de captación como en laboratorio. Allí confirmé que la salud es un trabajo profundamente interdisciplinario y que ninguna profesión puede cumplir su misión de manera aislada. Cada donante, cada unidad de sangre procesada y cada procedimiento realizado representan una cadena de trabajo que involucra a numerosos profesionales comprometidos con salvar vidas.

Todas estas experiencias me llevaron a cuestionar una idea que todavía persiste en muchas instituciones educativas: la creencia de que las auxiliares en enfermería únicamente pueden desempeñarse en áreas asistenciales. Desde mi propia trayectoria puedo afirmar que esa afirmación no corresponde con la realidad actual del sector salud. Hoy existen oportunidades en laboratorios clínicos, bancos de sangre, investigación, auditoría, gestión de calidad, seguridad del paciente, salud ocupacional, promoción y prevención, educación, consultoría, telemedicina, cooperación internacional, trabajo remoto y emprendimiento. El problema es que muy pocas veces se habla de estas posibilidades durante la formación académica.

Ese vacío fue precisamente lo que me motivó años después a convertirme en consultora especializada en desarrollo profesional para auxiliares en enfermería. Descubrí que muchas personas abandonaban la profesión no porque hubieran perdido la vocación, sino porque nunca conocieron todas las alternativas de crecimiento que existían. A medida que continué mi formación mediante diplomados, cursos y posteriormente inicié mis estudios en bacteriología, comprendí que el aprendizaje permanente no solo amplía las oportunidades laborales, sino que también permite construir carreras mucho más estables, satisfactorias y alineadas con los intereses personales de cada profesional.

Hoy trabajo de manera independiente como auxiliar en enfermería, consultora especializada, traductora en temas de salud, divulgadora científica y creadora de contenido educativo. También he trabajado de forma remota con instituciones internacionales y durante varios años integré mi formación como instructora de yoga con el cuidado de la salud, convencida de que el bienestar físico, mental y emocional deben abordarse de manera integral. Mi historia demuestra que una auxiliar en enfermería puede construir caminos profesionales muy diversos cuando entiende que su título representa el punto de partida y no el límite de su desarrollo.

Sin embargo, soy consciente de que mi experiencia no representa la realidad de todos los trabajadores del sector. Miles de profesionales continúan enfrentando dificultades para acceder a empleos estables, salarios insuficientes, jornadas extenuantes y procesos de contratación que, en ocasiones, tardan meses mientras las instituciones intentan cubrir vacantes críticas. Esa realidad merece ser analizada con detenimiento, porque comprender las condiciones laborales del talento humano es indispensable para entender por qué tantos profesionales deciden abandonar el sistema de salud o buscar oportunidades fuera del país.

La sobreexplotación del talento humano: salarios, contratación, burnout y por qué tantos profesionales deciden abandonar la salud

Hablar de la crisis del sistema de salud colombiano sin hablar de las condiciones laborales de quienes trabajan en él sería contar únicamente la mitad de la historia. Durante años, el debate público se ha centrado en la financiación del sistema, las reformas, las EPS, las deudas hospitalarias o la infraestructura. Sin embargo, existe una realidad silenciosa que pocas veces ocupa los titulares: el agotamiento físico, emocional y económico del talento humano en salud. No importa qué tan moderno sea un hospital o cuántos recursos se destinen a la compra de equipos médicos; si no existen profesionales suficientes, bien remunerados y motivados para prestar los servicios, el sistema inevitablemente comienza a deteriorarse.

Uno de los problemas más importantes que enfrenta Colombia es la dificultad para garantizar condiciones laborales estables para miles de trabajadores del sector salud. Durante décadas se consolidaron modalidades de contratación que, aunque legales en determinados contextos, terminaron convirtiéndose en la norma para muchas instituciones. La contratación por prestación de servicios, la tercerización y otras formas de vinculación temporal hicieron que numerosos profesionales asumieran responsabilidades propias de un empleo permanente sin disfrutar de la estabilidad, las prestaciones sociales o la protección laboral que normalmente acompañan un contrato formal. Esto significó que muchos médicos, enfermeras, auxiliares, bacteriólogos y otros trabajadores tuvieran que preocuparse no solo por atender pacientes, sino también por la incertidumbre de no saber si su contrato sería renovado, cuándo recibirían sus honorarios o si tendrían ingresos suficientes durante los siguientes meses.

Esta situación ha sido ampliamente documentada por diferentes organizaciones gremiales y por el propio Ministerio de Salud, que en los últimos años ha reconocido la necesidad de avanzar hacia mejores condiciones para el talento humano sanitario. La adopción de la Política Pública del Talento Humano en Salud 2025-2035 representa precisamente un reconocimiento institucional de que el bienestar de quienes trabajan en el sistema constituye un requisito indispensable para garantizar una atención de calidad a la población. Sin embargo, transformar una realidad construida durante décadas requiere mucho más que nuevas políticas: implica cambios profundos en la manera como se concibe el trabajo sanitario en Colombia.

Los salarios: entre la percepción y la realidad

Existe la creencia de que todas las profesiones relacionadas con la salud garantizan estabilidad económica y salarios elevados. Aunque esto puede ser cierto para algunos especialistas con amplia experiencia o para determinados cargos directivos, la realidad cotidiana de miles de trabajadores es muy distinta.

En el caso de las auxiliares en enfermería, los ingresos dependen de múltiples factores como la ciudad, el tipo de institución, el área de desempeño, la experiencia, la modalidad de contratación e incluso los horarios asignados. Muchas comienzan su vida laboral con ingresos cercanos al salario mínimo o apenas superiores, especialmente cuando trabajan en pequeñas instituciones o en regiones con menor oferta laboral. En otros casos, los ingresos mejoran gracias a los recargos nocturnos, dominicales o festivos, aunque ello implica jornadas más largas y una mayor afectación de la vida personal.

Las enfermeras profesionales también enfrentan una realidad heterogénea. Si bien su formación universitaria les permite acceder a cargos de coordinación, gestión o especialización, muchas continúan denunciando cargas laborales elevadas y remuneraciones que no siempre corresponden con el nivel de responsabilidad que asumen. En el caso de los médicos ocurre algo similar. La percepción social suele asociar esta profesión con altos ingresos, pero pocas personas conocen que numerosos médicos generales trabajan bajo contratos temporales, atienden un volumen muy alto de pacientes por consulta y deben desempeñarse simultáneamente en varias instituciones para alcanzar un ingreso competitivo.

Esta realidad demuestra que hablar de salarios en salud exige analizar mucho más que una cifra mensual. También es necesario considerar el número de horas trabajadas, la estabilidad contractual, la responsabilidad clínica, el riesgo biológico, la formación requerida y el desgaste físico y emocional que acompaña el ejercicio profesional.

Cuando cuidar también significa agotarse

El síndrome de burnout, conocido como síndrome de desgaste profesional, dejó de ser un concepto reservado para los artículos científicos y pasó a convertirse en una realidad cotidiana para miles de trabajadores sanitarios. La Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un fenómeno asociado al estrés crónico en el trabajo, caracterizado por agotamiento extremo, distanciamiento emocional y disminución del rendimiento profesional.

Aunque la pandemia visibilizó este problema, el agotamiento laboral en salud existía mucho antes del COVID-19. Las jornadas prolongadas, la exposición constante al sufrimiento humano, la presión por tomar decisiones rápidas, la responsabilidad sobre la vida de otras personas y la escasez de personal son factores que, cuando se mantienen durante años sin el apoyo adecuado, terminan afectando profundamente la salud mental de quienes trabajan en el sector.

Desde mi experiencia, uno de los aspectos más difíciles de explicar a quienes nunca han trabajado en salud es que el cansancio no siempre es físico. Existen turnos que terminan, pero las historias permanecen. Hay pacientes que nunca se olvidan, diagnósticos que acompañan durante semanas y familias cuyas lágrimas continúan presentes mucho tiempo después de haber terminado la jornada laboral. El trabajo sanitario exige una fortaleza emocional extraordinaria, pero eso no significa que los profesionales sean inmunes al estrés, la ansiedad o la tristeza.

A esto se suma otro fenómeno preocupante: la violencia contra el personal sanitario. En diferentes instituciones del país se han reportado agresiones verbales, amenazas e incluso ataques físicos contra médicos, enfermeras, auxiliares y otros trabajadores. Muchas veces estas situaciones ocurren en contextos de alta tensión emocional, donde pacientes o familiares descargan su frustración sobre quienes, paradójicamente, están intentando ayudarlos. Ningún profesional debería normalizar este tipo de violencia como parte de su trabajo.

¿Por qué tantos profesionales deciden abandonar el sistema?

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades sanitarias a nivel mundial es la creciente escasez de talento humano. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que numerosos países enfrentan dificultades para reemplazar a los profesionales que se jubilan, responder al envejecimiento de la población y garantizar suficiente personal para cubrir la demanda futura de servicios de salud.

Colombia no es ajena a esta realidad. Cada año, algunos profesionales deciden migrar hacia otros países atraídos por mejores salarios, mayor estabilidad laboral, oportunidades de especialización o mejores condiciones de vida. Otros permanecen en el país, pero abandonan el ejercicio clínico para dedicarse a la docencia, la administración, la investigación o incluso a sectores completamente diferentes. También existen quienes, después de enfrentar repetidos episodios de agotamiento, concluyen que su bienestar personal debe estar por encima de cualquier vocación profesional.

No considero que estas decisiones representen una falta de compromiso con la salud. Al contrario, muchas veces son consecuencia de un sistema que durante años exigió demasiado sin ofrecer condiciones suficientes para proteger a quienes lo sostenían. Ninguna vocación puede sobrevivir indefinidamente cuando el agotamiento, la incertidumbre económica y la falta de reconocimiento se convierten en parte de la rutina diaria.

Precisamente por eso creo que el futuro del sistema de salud colombiano dependerá no solo de nuevas reformas legales o de mejores mecanismos de financiación. También dependerá de la capacidad que tenga el país para cuidar a quienes cuidan. Un profesional respetado, adecuadamente remunerado, emocionalmente acompañado y con posibilidades reales de crecimiento ofrecerá, inevitablemente, una mejor atención a sus pacientes.

Porque detrás de cada consulta, cada procedimiento y cada diagnóstico existe un ser humano que también necesita descansar, aprender, sentirse valorado y construir un proyecto de vida digno. Olvidarlo sería uno de los mayores errores que podríamos seguir cometiendo como sociedad.

Lo que debería cambiar

Después de recorrer la historia del sistema de salud colombiano, analizar sus principales reformas, comprender los desafíos financieros que ha enfrentado durante décadas y conocer la realidad del talento humano que lo sostiene, queda claro que ningún cambio será suficiente si continúa abordándose el problema desde una sola perspectiva.

Durante muchos años hemos debatido si el problema son las EPS, si hace falta una nueva reforma, si el presupuesto es insuficiente o si la solución depende exclusivamente del gobierno de turno. La realidad demuestra que el sistema de salud colombiano necesita mucho más que una modificación legislativa. Necesita una transformación profunda que coloque nuevamente a las personas en el centro de todas las decisiones.

Esa transformación comienza por fortalecer la atención primaria, mejorar la prevención de las enfermedades y reducir las enormes brechas que todavía existen entre las zonas urbanas y rurales. Colombia ha logrado avances importantes en cobertura, pero aún existen comunidades donde acceder a una consulta especializada, un examen diagnóstico o un tratamiento oportuno continúa siendo un verdadero desafío. La salud no puede depender del lugar donde una persona nació ni de la capacidad económica que tenga para desplazarse cientos de kilómetros en busca de atención.

También resulta indispensable garantizar una administración mucho más transparente de los recursos públicos. Los organismos de control han demostrado que la vigilancia permanente es fundamental para proteger uno de los presupuestos más importantes del Estado. Cada peso que se recupera gracias a una auditoría, cada irregularidad detectada y cada proceso sancionatorio representan una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana y asegurar que los recursos lleguen verdaderamente a los hospitales, a los pacientes y al talento humano que sostiene el sistema.

Pero, sobre todo, Colombia necesita cuidar mejor a quienes cuidan.

Es imposible hablar de calidad en la atención mientras miles de profesionales continúen enfrentando jornadas extenuantes, sobrecarga laboral, contratación inestable o dificultades para acceder a oportunidades de crecimiento. El bienestar del personal sanitario no es un beneficio adicional ni un lujo que pueda aplazarse; es una condición indispensable para garantizar una atención segura, humana y de calidad. Cuando un profesional trabaja agotado, preocupado por la incertidumbre de su contrato o enfrentando altos niveles de estrés, no solo se afecta su salud física y mental, también aumenta el riesgo de errores y disminuye la capacidad del sistema para responder de manera eficiente a las necesidades de los pacientes.

La formación continua también debe convertirse en una prioridad. La medicina, la enfermería, la bacteriología y todas las ciencias de la salud evolucionan constantemente. Nuevos tratamientos, tecnologías, investigaciones y modelos de atención aparecen cada año. Un sistema que no invierte en el desarrollo de su talento humano está condenado a quedarse atrás. La educación permanente no solo beneficia a los profesionales; también mejora la seguridad del paciente, fortalece la investigación y aumenta la capacidad del país para responder a los desafíos sanitarios del futuro.

Finalmente, considero que ha llegado el momento de transformar la percepción que tenemos sobre muchas profesiones de la salud, especialmente sobre las auxiliares en enfermería. Durante años se ha subestimado nuestro aporte, reduciendo nuestra labor a tareas operativas que no reflejan la verdadera complejidad del trabajo que realizamos. Reconocer el valor de cada integrante del equipo interdisciplinario no significa restar importancia a otras profesiones; significa comprender que el cuidado de la salud solo es posible cuando todos trabajan de manera coordinada, respetando el conocimiento, las competencias y la experiencia de quienes comparten un mismo propósito: proteger la vida.

Para cerrar… aunque este tema nunca se cierra

Si llegaste hasta aquí, probablemente habrás comprendido que el sistema de salud colombiano es mucho más complejo de lo que solemos ver en las noticias o en las redes sociales. Detrás de cada reforma existen décadas de historia. Detrás de cada cifra hay millones de pacientes. Detrás de cada hospital hay cientos de trabajadores que, incluso en medio de las dificultades, continúan haciendo todo lo posible por brindar una atención digna.

Como auxiliar en enfermería, este artículo no nace desde una postura política ni pretende señalar culpables absolutos. Nace desde la experiencia de alguien que ha conocido el sistema desde diferentes escenarios: una clínica de alta complejidad, uno de los laboratorios clínicos más importantes del país, un banco de sangre, la docencia, la consultoría y, actualmente, desde la formación en bacteriología y la divulgación científica. He visto instituciones que funcionan de manera ejemplar y otras que enfrentan enormes dificultades. He conocido profesionales extraordinarios que trabajan con una vocación admirable y también he sido testigo del desgaste, la frustración y el cansancio que muchos acumulan después de años sosteniendo un sistema que, en ocasiones, parece olvidar a quienes lo hacen posible.

A pesar de todo, sigo creyendo profundamente en la salud pública, en la ciencia y en el inmenso valor del talento humano colombiano. Creo en las auxiliares que acompañan pacientes durante toda la noche, en las enfermeras que lideran equipos completos, en los médicos que toman decisiones difíciles bajo presión, en los bacteriólogos que trabajan detrás de un microscopio para confirmar un diagnóstico, en los terapeutas que ayudan a recuperar la movilidad, en los psicólogos que acompañan procesos de duelo y en cada una de las personas que, desde funciones visibles o silenciosas, hacen posible que el sistema continúe funcionando todos los días.

También creo que podemos construir un sistema mejor. No será un proceso sencillo ni ocurrirá de un día para otro. Requerirá decisiones responsables, políticas públicas sostenibles, instituciones transparentes, inversión inteligente y un compromiso real con el bienestar tanto de los pacientes como del talento humano. Pero también necesitará algo que no siempre aparece en las reformas ni en las leyes: empatía.

Porque la salud no debería entenderse únicamente como un servicio. Es un derecho, una responsabilidad colectiva y, sobre todo, una expresión de la dignidad humana.

Si este artículo logró ayudarte a comprender un poco mejor la realidad del sistema de salud colombiano, entonces habrá cumplido su propósito. Y si además te invitó a valorar un poco más el trabajo de quienes dedican su vida a cuidar de los demás, habrá valido completamente la pena escribirlo.

Porque los hospitales no funcionan únicamente gracias a la tecnología.

Las leyes, por sí solas, no salvan vidas.

Los edificios no cuidan pacientes.

Al final, siempre serán las personas quienes sostengan el sistema.

Y mientras existan profesionales dispuestos a levantarse cada mañana para cuidar de otros, siempre habrá razones para seguir creyendo que un sistema de salud más humano, más justo y más digno es posible.

Este artículo tiene fines informativos, educativos y de divulgación. Fue elaborado a partir de mi experiencia profesional como auxiliar en enfermería y del análisis de información proveniente de fuentes oficiales y organismos públicos. Debido a que el sistema de salud colombiano evoluciona constantemente, algunas cifras, políticas públicas o decisiones administrativas pueden cambiar con el tiempo. Por ello, te recomiendo consultar siempre la información actualizada publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social, el ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, el DANE y demás entidades oficiales.